La extradición de ex jefes de grupos paramilitares de Colombia hacia los Estados Unidos fue una pérdida para las víctimas de las masacres, secuestros y desapariciones de Colombia, y un triunfo político para los presidentes Uribe y Bush.
La decisión del presidente colombiano Álvaro Uribe de extraditar al país norteamericano a los ex jefes de los escuadrones de paramilitares fue calificada por distintos sectores como un triunfo políticos en momentos que se debate la campaña presidencial de Estados Unidos y se presiona la aprobación del TLC con Colombia.
Integrantes de las Asociaciones de familiares de las personas que fueron asesinadas y despojadas de sus bienes en distintas partes de Colombia, expresaron que se hallaban a la espera de indemnizaciones mediante los procesos seguidos a la luz de la Ley de Justicia, paz y reparación, pero que con esta determinación gubernamental, se van al trasto todas las esperanzas y se quedarán en la misteriosa impunidad todos los delitos.
Los apoderados de los familiares de las víctimas anunciaron una serie de procesos de nulidad contra la determinación del gobierno, con el propósito de que esos líderes de las agrupaciones paramilitares sean juzgados en Colombia primero, para que confiesen la verdad y realicen las indemnizaciones que sean del caso sobre masacres, secuestros, desapariciones y destierro forzado y luego si sean extraditados para que respondan por los cargos adicionales que se les acusa, como el narcotráfico y lavado de activos.
Los ex jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia que luchaban contra los grupos guerrilleros de la extrema izquierda y que fueron extraditados a Estados Unidos, son Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (’Don Berna), Ramiro “Cuco” Vanoy, Eduardo Enrique Vengoechea, Francisco Javier Zuluaga (alias “Gordolindo”) Nodier Giraldo (sobrino de Hernán Giraldo), Guillermo Pérez Alzate, Juan Carlos Sierra, Martín Peñaranda y Manuel Enrique Torregrosa, entre otros.
En las gráficas de Comprensa los cuatro caracterizados ex jefes paramilitares, Salvatore Mancuso (arriba izq); “Don Berna” (arriba der); “Jorge 40″ (abajo izq) y Hernán Giraldo (abajo der).
Estos hombres enviados por el presidente Colombia para que los juzgue la justicia estadounidenses fueron los mismos que negociaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno para lograr regresar a la vida civil a más de 36 mil combatientes.
Otros sectores diferentes a los familiares y abogados de las víctimas, también exteriorizaron sus puntos de vista.
El ex senador y ex precandidato presidencial, Rafael Pardo admitió que fracasó la ley de Justicia y paz porque se perdió la esencia, a la vez que explicó que el gobierno no tenía otra opción distinta, pero criticó que no se hayan tomado medidas anteriormente.
Aseguró Rafael Pardo que de este intento de la ley de justicia y paz, solamente quedan los fiscales y las investigaciones. “legalmente quedan los fiscales y las investigaciones pero evidentemente lo que muestra esta decisión es que este proceso que el gobierno vendió con tanto éxito no podía salir bien”, puntualizó.
Igualmente, la senadora Gina Parodi manifestó que con la extradición se puso fin al proceso de reparación a las víctimas y criticó a su vez la forma como se hallaban en las cárceles los ex jefes paramilitares, con todas las comodidades del caso.
El ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón también lamentó que el proceso de justicia y paz haya terminado abruptamente sin la menor posibilidad de que las víctimas fueran reparadas.
Y el ex director de instrucción criminal de Santander, Gerardo Delgado Silva, manifestó que las leyes cuando no tienen un sustento sólido, no pueden prosperar y eso le ocurrió a la proyectada “verdad, justicia y reparación” del actual gobierno.
Esque el presidente Uribe traiciono a esos personajes para salvar su cuero.