Comparación entre el caso de la ex-cirujana general Antonia Coello y el caso de fraude en el Instituto del SIDA de San Juan.
Gran parte de los servicios ofrecidos por el Instituto del SIDA de San Juan eran sufragados por fondos combinados, tanto estatales como federales. Los fondos federales provenían de propuestas (grants) del gobierno de los Estados Unidos que financiaban el cuidado directo a los pacientes médico indigentes de VIH/sida. Precisamente, las acusaciones por malversación de fondos en el Instituto serían tanto a nivel local como federal.
Localmente, la Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe poniendo al descubierto que la administradora del Instituto había estado pagando con dinero público a su empleada doméstica personal. Esta auditoría cubrió los periodos de 1987 al 1999. El informe, que se puede encontrar públicamente en internet, establece que: La Oficial de Personal de Advanced otorgó [a una dama] un contrato de trabajo de Encargada de Mantenimiento con un sueldo mensual de $650. Dicho contrato indicaba que la empleada prestaría servicios en el Instituto del Sida, no obstante la empleada, durante el mencionado período, prestó servicios como empleada doméstica en la residencia de la Gerente de Operaciones (Lcda. Jeannette Sotomayor). Su horario de trabajo era de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.
Sin embargo, ya en mayo de 1997 ya el Departamento de Justicia Federal había radicado acusaciones criminales por malversación de fondos, contra la oficial de personal, la licenciada Sotomayor, el presidente de la Junta de Directores y un senador del Partido Popular Democrático. Desde 1987 hasta 1994 el Instituto recibió fondos federales ascendentes a 40.6 millones de dólares, muchos de los cuales se desviaron para sufragar las campañas de algunos políticos de Puerto Rico. El juicio culminó en 1999, cuando los culpables fueron sentenciados a cárcel y/o probatoria. Lo triste e incomprensible de toda esta situación es que las personas encargadas de administrar los fondos que pudieron haber alargado muchas vidas y darle calidad a los pacientes enfermos usaron el dinero para cosas tan innecesarias como lo es asegurar poder a políticos.
A pesar de que el caso de la doctora Coello es de menor escala, en términos monetarios, lo cierto es que tiene similitud con el caso de la administradora del Instituto del SIDA, la licenciada en Farmacia Jeannette Sotomayor. En ambos casos se utilizaron fondos públicos para que empleados realizaran labores de carácter personal para sus supervisoras. Estoy segura que la doctora Coello tuvo conocimiento del caso del Instituto del SIDA, pues fue una noticia aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Aún así, ella también cruzó la línea que hay entre lo que deben ser las funciones de un empleado y lo que son tareas personales.
Ambas mujeres, la doctora Coello y la licenciada Sotomayor tienen mucho en común. Ambas tienen estudios superiores y son mujeres muy cultas. Son inteligentes y tienen un título profesional que le garantizaría cierto estatus social y profesional a cualquiera. Ninguna de las dos tenía necesidad de usar dinero ajeno para pagar a sus empleados domésticos, ni para asignarles a sus empleados oficiales tareas personales. La acción de pedir a empleados de la oficina que carguen muebles durante una mudanza o llevar familiares al médico parece algo de menor importancia, pero no lo es. Sucede que, a ambas, esta práctica las llevó a perder todo lo que con tanto trabajo construyeron: su integridad personal y profesional, además de la vergüenza que representa para sus respectivos cónyuges y familiares.
Las malas decisiones definitivamente tienen malas consecuencias.
Fajny post